Las medidas de seguridad en derecho penal tienen finalidad preventiva y se aplican a individuos que, dentro de una causa, suponen algún peligro. En este sentido, se utilizan con el objetivo de evitar la ejecución de futuros crímenes por parte del sujeto ya condenado.
Existen medidas privativas de la libertad y también existen otras que no lo son y cuya aplicación tiene un proceso distinto. Por otra parte, en el caso de los extranjeros, se admite acordar la expulsión del país en reemplazo de medidas de seguridad.
Requisitos
Para que se puedan llevar a cabo las medidas de seguridad en el derecho penal es necesario que ocurra lo siguiente:
1. En primer lugar, que el individuo haya cometido un crimen con antelación cuya autoridad esté comprobada.
Podemos ayudarle
En Abogados somos abogados penalistas en Málaga. Si necesita un despacho penalista con amplia experiencia, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.
2. Adicionalmente, que sea posible demostrar la peligrosidad delictiva futura de las circunstancias y hechos del individuo.
Objetivos de las medidas de seguridad en el derecho penal
La finalidad primordial de las medidas de seguridad en el derecho penal es prevenir la ejecución de los crímenes. Su aplicación, después de estudiar en cada situación las condiciones del sujeto y el crimen cometido, tiende a evitar la reincidencia de estos actos.
Dentro de estas medidas preventivas se encuentran otras que, en definitiva, tienen el mismo objetivo. Es decir, que, se encuentran orientadas también en poder neutralizar la peligrosidad de los individuos, protegiendo tanto a las víctimas como a ellos mismos.
De este modo, se puede aseverar que las medidas de seguridad en derecho penal cuentan con las siguientes finalidades:
· Educativas.
· Preventivas.
· Terapéuticas.
Tipos de medidas de seguridad
Según lo determina el Código Penal, se pueden catalogar las medidas de seguridad penal en privativas y no privativas de la libertad.
Medidas de seguridad privativas de la libertad
Las características del individuo que ha llevado a cabo el crimen y sus condiciones personales evitan entender el carácter ilícito de los actos. Por lo tanto, esto podría ser causa de aplicación de esta medida de seguridad en derecho penal.
El juez de Vigilancia efectuará un control periódico para determinar la necesidad de continuar aplicando la medida, reemplazarla, suspenderla o culminarla. En este tipo de medidas de seguridad se incluyen algunos modos de internamiento que pueden ser:
· En algún centro de salud mental.
· En un centro de deshabituación.
· En un instituto educativo especial.
Medida de seguridad no privativas de libertad
Este tipo de medidas se llevan a cabo en situaciones puntuales, pero no se obliga al individuo a permanecer confinado. El Tribunal o el Juez es quien tendrá competencia para definir las medidas a seguir de acuerdo con la evaluación de informes. Se pueden mencionar las siguientes:
Inhabilitación profesional
Se refiere a la imposibilidad de realizar sus labores profesionales durante el lapso de tiempo por el cual se imponga la medida.
Prohibición de porte o tenencia de armas
Con el objetivo de resguardar la seguridad pública, se restringe el derecho de portar o tener armas al sujeto que haya cometido el delito derivado del uso de armamento.
Libertad custodiada
Se establecen limitaciones y obligaciones que tratan de proteger a la víctima del crimen, así como también, al autor de delito de la posibilidad de reincidir. Este tipo de medidas es común cuando se requiere que el sujeto cumpla con tratamientos puntuales.
Prohibición de conducción de motocicletas y vehículos
El autor del delito es inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo durante todo el proceso penal.
Caución
El individuo al que se le es impuesta esta medida, debe otorgar una garantía para no reincidir en el delito ejecutado con antelación.
Relación entre penas y medidas de seguridad
En primera instancia, es necesario dejar clara la distinción que existe entre ambas definiciones. La pena se establece para castigar, en cambio, las medidas de seguridad se aplican para evitar que el sujeto reincida en el crimen.
El Derecho Penal de España se registra en un sistema dualista o vicarial. En palabras más simples, esto quiere decir que, ambas conviven y al momento de la aplicación tendrá preponderancia la medida de seguridad que se haya adoptado.
Principios que rigen las medidas de seguridad
El marco legal vigente dictamina que las medidas se sostienen con base en ciertos criterios que se asocian de modo directo con el objetivo.
Principio de necesidad
La medida que se aplica debe ser necesaria para neutralizar el nivel de peligrosidad delictiva del individuo.
Proporcionalidad
Debe ser proporcional al acto delictivo llevado a cabo y la peligrosidad que represente en el futuro.
Legalidad
Debe haber concurrencia de los preceptos establecidos en la ley, con antelación para la resolución o para la prevención de inconvenientes sociales.
Principio de jurisdiccionalidad
Solo podrán aplicarse las medidas por autoridades o jueces con facultad para ello.
Peligrosidad criminal
Se basa en la responsabilidad del sujeto ante el delito y las condiciones del mismo.
Resocialización
El objetivo principal de esta medida es la reeducación del individuo para posteriormente permitirle rehabilitarse e integrarse a la sociedad nuevamente.
¿A quiénes se les aplican medidas de seguridad en derecho penal?
La peligrosidad de las conductas será un aspecto crucial para definir las medidas de seguridad. Las personas que considera el Código Penal son aquellas exentas de responsabilidad criminal:
· En el caso de alteraciones o anomalías psíquicas que impiden la posibilidad de comprender la gravedad de sus acciones.
· Por encontrarse bajo efectos de intoxicación durante la consumación del delito. Se incluyen entre las opciones el alcohol, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y análogas.
· Ocasionadas por una alteración en la manera de percibir la realidad, bien sea desde el nacimiento o desde la infancia.
Medidas de seguridad en derecho penal aplicadas a extranjeros
En el supuesto que el individuo que ha delinquido sea extranjero, el Juez se encuentra en potestad de dictaminar la expulsión del país como medida sustitutiva. En este caso, el sujeto que haya sido expulsado no puede ingresar nuevamente al país por lo menos en un periodo de 10 años.
No obstante, existen algunas excepciones que se evalúan en cada caso específico y en las cuales se requiere que la condena sea cumplida en el territorio nacional.
