ABOGADOS DELITO PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

SUPUESTO PRÁCTICO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Señalan nuestros Abogados delito prevaricación administrativa que, en efecto, sustraer destruir, inutilizar u ocultar –verbos nucleares del tipo penal del art. 413 CP- constituyen simples modalidades de un propósito común: privar dolosamente que un determinado documento pueda cumplir la función que el ordenamiento jurídico le reconoce. Existe, pues, una “homogeneidad” en todos los supuestos previstos en el tipo penal del art. 413 del CP, cuya infracción se ha denunciado en este motivo.

ABOGADOS DELITO PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Por consiguiente, indican nuestros Abogados delito prevaricación administrativa, como quiera que, en el presente caso, existe una plena identidad entre los hechos imputados al Sr. A. L. y los reflejados en el factum de la sentencia recurrida y por los que se ha sido condenado, concurriendo, además, el requisito de la homogeneidad de los tipos penales, no cabe apreciar la infracción de ley que aquí se denuncia.

No está de más, poner de manifiesto también que la intervención del Sr. A. fue determinante de la conducta imputada a su empleado Sr. Ll. C., al haberle entregado el folio no 151 para que lo destruyera para sustituirlo después con otro folio con el mismo número, procedente de otro libro del Registro.

Por consiguiente, indican nuestros Abogados delito prevaricación administrativa, al haberse limitado el referido empleado a ocultar el documento detrás de un armario, “donde quedó olvidado hasta que fue encontrado por la Comisión Judicial que practicó la diligencia de entrada y registro en las dependencias del Registro de la Propiedad”.

ASPECTOS DE LA PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Por consiguiente, indican nuestros Abogados delito prevaricación administrativa, pues tanto la orden dada por el Registrador como la forma en que la cumplió su empleado tenían un mismo objetivo: impedir que el folio registral original pudiera cumplir la función inherente a los libros registrales, lo que confirma la homogeneidad de tales conductas».

«..Se invoca que el hecho objeto del proceso en esta causa ha sido ya decidido, con efectos de cosa juzgada, por la resolución adoptada por los órganos portugueses. Lo que se canaliza como infracción de ley del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el 675 de la misma.

Es decir se está pretendiendo resolver, en el marco del recurso de casación, dentro de los denominados artículos de previo pronunciamiento.

Se ampararía este cauce en la decisión del Pleno de esta Sala que ha mantenido la vía casacional del artículo 676 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no obstante su reforma por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995.

No obstante la pretensión no puede ser estimada.

Es evidente que, para que el efecto preclusivo negativo característico de la denominada cosa juzgada tenga lugar, se requiere un acto de verdadero “enjuiciamiento”. Y esto, a su vez, requiere que tal acto emane de un órgano que ejerza jurisdicción. Lo que puede acaecer incluso cuando el órgano jurisdiccional sea de los de otro Estado diverso del español.

Por consiguiente, indican nuestros Abogados delito prevaricación administrativa, la decisión portuguesa para la que se postula por el recurrente el efecto preclusivo que obstaría la incoación y seguimiento de causa penal en España, ha sido adoptada por el Ministerio Público de aquel país en el marco procedimental conocido como inquérito.

El Ministerio Público, cualquiera que sea el contenido de su estatuto, no es un órgano que actúe de modo jurisdiccional, en el que decida como tercero causa empeñada entre dos partes adversas.

Y, por ello, el inquérito, actuación a cargo de dicho Ministerio Público, no es fase jurisdiccional del procedimiento, ya que ésta comienza con la instruçao en la que las decisiones incumben a un Juez, como titular, él sí, de la facultad jurisdiccional».

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